LOS MAFIOSOS SIONISTAS GESTIONABAN EL 3% EN PLENO PROCESO DE SEDICIÓN
CARLES PUIGDEMONT PERTENECE TAMBIÉN A LA CAMORRA REGIONAL. Nada tuvieron que ver sus cualidades morales o intelectuales —de las que carece— en el hecho de que fuera seleccionado por Jordi Pujol para ocupar el lugar de Artur Mas ante el veto de la CUP al hombre de las tijeras. Si Puigdemont fue nombrado por Artur Mas es porque forma parte del núcleo duro de la camorra convergente, es decir, dispone de la confianza —en el sentido de la lealtad mafiosa— del denominado Clan del Pinyol.
El jefe del 3% de Puigdemont y Mas movió 250.000 euros de sobornos en pleno ‘procés’
El responsable de la obra pública en Cataluña, Josep Antoni Rosell, investigado en la Audiencia Nacional, ingresó 173.070 euros en una cuenta en 2016 y ocultó otros 85.000 euros en una caja
por José María Olmo
La trama de financiación ilegal del PDeCAT siguió funcionando en pleno ‘procés’. La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han descubierto que Josep Antoni Rosell, director entre 2011 y 2015 del ente público Infraestructures.cat, epicentro de la red de amaños de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), llegó a acumular hasta 258.070 euros en efectivo procedentes del cobro de supuestos sobornos, según documentos de la causa a los que ha tenido acceso El Confidencial. Rosell fue detenido por el Instituto Armado en octubre de 2015 en la tercera fase de la operación Petrum por su implicación en el llamado caso del 3%, pero Artur Mas y Carles Puigdemont decidieron mantenerlo en la estructura del mayor licitador de obra pública de Cataluña. No la abandonó hasta finales de febrero de 2016, cuando ERC exigió su cabeza tras la aparición de nuevas pruebas incriminatorias.
Rosell habría jugado un papel decisivo en la manipulación masiva de adjudicaciones para beneficiar a las empresas que inyectaban fondos en la caja B de Convergència. Por un lado, colocó a personas de su máxima confianza en el departamento que se encargaba de hacer la valoración técnica en las licitaciones que sacaba a concurso Infraestructures.cat. De esa calificación, realizada con criterios puramente subjetivos, dependía el 70% de la puntuación total de las adjudicaciones. Además, el propio Rosell habría intervenido personalmente en las valoraciones para elevar la nota de las constructoras amigas del partido, como acreditó un informe interno del Govern de Puigdemont que fue encontrado por la Guardia Civil encima de una mesa de Infraestructures.cat en un registro en febrero de 2016.
Hacienda ha revelado ahora que, durante ese ejercicio, con el Ejecutivo catalán perfilando ya los últimos detalles de la consulta independentista del 1-O, Rosell ingresó en una cuenta de CaixaBank un total de 173.070 euros en efectivo de origen indeterminado. Ninguna de las aportaciones superó los 3.000 euros, la cantidad a partir de la que toda entidad financiera debe alertar a la Agencia Tributaria, como establecen los protocolos de lucha contra el blanqueo de capitales. Rosell burló ese tope efectuando hasta cuatro ingresos en un solo día, según la información a la que ha tenido acceso este diario.
6.780 euros divididos en cuatro ingresos
El 2 de agosto de 2016, por ejemplo, el protegido de Mas y Puigdemont metió 3.000 euros, 1.800, 1.000 y 980 en una misma oficina de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). También realizó numerosas retiradas de efectivo por cajero. De hecho, el 3 de agosto de 2016, solo 24 horas después de fraccionar 6.780 euros en cuatro operaciones, el ya ex director del ente de la Generalitat hizo otros cuatro movimientos para sacar de su cuenta 4.500 euros (900, 1.200, 1.200 y 1.200) en una oficina de Castelldefels (Barcelona).
Ese volumen de fondos contrasta con las únicas rentas que declaró Rosell en el ejercicio 2016. Apenas percibió de Infraestructures.cat y del Servicio Público de Empleo Estatal un total de 56.414 euros, una cantidad muy inferior a la que llegó a su cuenta de CaixaBank en ese mismo periodo. En opinión de Hacienda, la mecánica de los ingresos en efectivo “podría poner de manifiesto una voluntad de ocultar el origen de tales ingresos”.
A esos movimientos contabilizados por la Agencia Tributaria hay que sumar el botín que ocultaba el ex director de Infraestructures.cat en una caja de caudales. El 21 de octubre de 2015, al mismo tiempo que la Guardia Civil lo detenía por el 3%, un individuo de su máxima confianza se presentó en dependencias del Instituto Armado para entregar una caja fuerte. El hombre explicó que Rosell le había pedido que la custodiara. Los agentes hallaron dentro abundante documentación sobre licitaciones presuntamente corrompidas y otros 85.000 euros en efectivo. Es decir, que entre finales de 2015 y 2016, el hombre clave de la actual PDeCAT en el amaño de las adjudicaciones llegó a manejar 258.070 euros en negro.
Imagen del primer registro de la Guardia Civil a la sede de Convergència, en octubre de 2015, por la presunta financiación ilegal de la formación con el 3%. (EFE)
Imagen del primer registro de la Guardia Civil a la sede de Convergència, en octubre de 2015, por la presunta financiación ilegal de la formación con el 3%. (EFE)
La persona que guardaba la caja de caudales manifestó a los agentes que “existen pocas dudas respecto a las aportaciones dinerarias que [Rosell] recibía en persona” de las constructoras del 3%, “al margen de los donativos de estas a CDC”. Según varios testigos, Rosell habría llegado a reunirse con empresarios en el despacho que tenía en el propio organismo. Su agenda electrónica, intervenida en los registros, ha revelado que efectivamente mantuvo decenas de citas con representantes de compañías que luego resultaban vencedoras en las licitaciones.
Pieza clave en el 3%
Rosell era una pieza clave en el engranaje del 3%. Ocupó por primera vez un cargo de responsabilidad en la gestión de la obra pública catalana durante el último Gobierno de Jordi Pujol, entre 2000 y 2003. En 2011, tras la victoria de Mas, regresó a Infraestructures.cat (antigua GISA) por todo lo alto. La Guardia Civil sostiene que se habría coordinado con el tesorero de Convergència en esa época, Andreu Viloca, para que los contratos más suculentos fueran adjudicados a las empresas que previamente habían hecho donaciones al partido.
Durante las pesquisas, se detectaron decenas de reuniones entre Rosell y Viloca, y en el despacho que tenía este último en la antigua sede de CDC apareció información de numerosas licitaciones de obra pública, a pesar de que su trabajo no guardaba aparentemente ninguna relación con la tramitación de esas adjudicaciones. A cambio de su colaboración con la caja B de la actual PDeCAT —la marca que tomó el relevo de Convergència también está imputada porque el juez la considera un artificio para sortear posibles responsabilidades penales—, Rosell habría recibido suculentos sobornos en efectivo. Parte de esos fondos son los que presuntamente trató de bancarizar entre 2015 y 2016.
Aunque Rosell fue detenido en octubre de 2015, el Govern en funciones de Convergència permitió que siguiera formando parte de la cúpula del organismo que centraliza la adjudicación de los grandes contratos de infraestructuras en Cataluña. En los primeros días de febrero de 2016, ya con Puigdemont en el Palau, el directivo fue reubicado como responsable de un supuesto proyecto destinado a “actuaciones internacionales, investigación e innovación”. Sin embargo, el 25 de febrero de 2016, fue destituido por los cargos de ERC que tomaron el mando del ente público con el nuevo Govern, justificando el cese por una “pérdida de confianza”. Lo cierto, sin embargo, fue que unas semanas antes aparecieron nuevas evidencias de la implicación de Rosell en el amaño institucionalizado de concursos públicos.
Rosell no tuvo problemas para volver a percibir un salario público. En mayo de ese mismo año, apenas tres meses después de su despido, ingresó en el Cuerpo Superior de Ingenieros Agrónomos de la Generalitat. Con todo, su horizonte sigue siendo complicado. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, lo mantiene imputado en la causa de las donaciones ilegales a Convergència por los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, alteración de precios en concursos y subastas públicas, falsedad en documento mercantil y financiación ilegal.
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